Con contribuciones de Claudia Castro, Norbert Ling, Glen Yelton, James Matthews y Hamid Asseffar.
Las inversiones en bonos verdes, sociales y de sostenibilidad (GSS) permiten a los países en desarrollo emprender proyectos de adaptación al cambio climático
El sector financiero puede desempeñar un papel fundamental en la movilización de capital institucional para aumentar las inversiones en la adaptación al cambio climático de países en desarrollo
También se espera que la ley Green Deal Net Zero Industry Act (NZIA) de la Unión Europea sea crucial para las empresas de la UE que están en transición hacia las cero emisiones netas
El clima está afectando a nuestras sociedades al alterar nuestra seguridad alimentaria, infraestructuras, sistemas de agua y zonas costeras. El aumento del nivel del mar, los grandes incendios forestales y las interrupciones en la cadena de suministro provocadas por fenómenos meteorológicos extremos más severos y frecuentes son solo algunos ejemplos.
Como resultado, la adaptación y la transición climáticas se han convertido en dos importantes temas de inversión en los últimos tiempos.
La adaptación al cambio climático engloba las medidas adoptadas por los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las empresas para ajustarse y adaptarse al impacto actual y futuro de los riesgos climáticos. El objetivo de la adaptación al cambio climático es hacer que las comunidades y los ecosistemas sean más resistentes a los efectos perjudiciales de los impactos climáticos. La transición climática, por su parte, hace referencia a las medidas que adoptan las organizaciones y los gobiernos para reducir las emisiones y avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
Invertir hoy en resiliencia ayuda a mitigar futuras responsabilidades y costes relacionados con el clima, tanto directos (p. ej. daños físicos a los activos) como indirectos (p. ej. mayores costes de seguros). De ese modo, la adaptación puede ofrecer un triple dividendo: evita pérdidas económicas, aporta ganancias y produce beneficios sociales y medioambientales adicionales.
Según las estimaciones más conservadoras, la financiación para la lucha contra el cambio climático deberá alcanzar los 4,3 billones USD anuales hasta 2030 para lograr una transición hacia un mundo más sostenible en esta década[1]. Tan solo las economías en desarrollo necesitarán hasta 300.000 millones USD anuales de aquí a 2030 para adaptar su agricultura, infraestructuras, suministro de agua y otras áreas de sus economías con el fin de contrarrestar los efectos físicos de los impactos climáticos2.
Sin embargo, los países en desarrollo, que son los que más dependen de los recursos naturales, carecen en muchas ocasiones de la capacidad financiera e institucional necesarias para poner en marcha programas de adaptación que protejan a las personas y sus medios de vida.
Los esfuerzos de adaptación al cambio climático son tan diversos como los efectos que tiene el clima en las sociedades. Incluyen iniciativas como la construcción de diques para proteger los activos de las inundaciones, el desarrollo de sistemas de alerta temprana ante fenómenos meteorológicos y el desarrollo de cultivos resistentes a la sequía.
La reciente financiación de las medidas de adaptación al cambio climático de los países en desarrollo se ha llevado a cabo principalmente a través de la emisión de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad (GSS). Aunque el mercado de estos bonos está aún en sus primeras fases, creemos que hay mucho margen para su crecimiento. Como se observa a continuación en la Figura B, la emisión de bonos GSS ha crecido rápidamente a medida que los gobiernos y las empresas han intensificado sus esfuerzos para hacer frente a los impactos climáticos y cumplir los objetivos de cero emisiones netas. Los fondos obtenidos con estos bonos se utilizan para llevar a cabo proyectos medioambientales o sociales positivos y ayudar a las instituciones públicas, corporativas y financieras a alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Países como las islas Seychelles, Belice y Barbados han utilizado enfoques innovadores de bonos GSS en swaps de "deuda por naturaleza". En este caso, se trata de cancelar una parte de la deuda externa de un país a cambio de invertir en la conservación marina.
Fuente: Iniciativa de Bonos Climáticos
Como ejemplo, Egipto emitió 750 millones USD en bonos verdes para invertir en áreas como el transporte limpio y las energías renovables. En las Maldivas se está utilizando un "bono verde de adaptación" de 250 millones USD para ayudar a las ciudades a adaptarse. Algunos proyectos han empleado nuevos enfoques innovadores. Como ejemplo cabe citar la financiación de soluciones a pequeña escala para el suministro de agua y el saneamiento desarrolladas específicamente para poblaciones que sufren de forma desproporcionada los riesgos climáticos, como las mujeres y los pobres.
Desde su creación en 2021, un fondo centrado exclusivamente en abordar los problemas con el agua y el saneamiento ha proporcionado agua potable o sistemas de saneamiento a más de 942.000 personas. Se han concedido casi 175.000 microcréditos a consumidores con rentas bajas, lo que equivale a más de 75 millones USD en financiación destinada al suministro de agua y al saneamiento.[4]
Hasta ahora, el sector público en general, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y las instituciones financieras de desarrollo (IFD), ha desempeñado un papel fundamental en la financiación de proyectos de adaptación al cambio climático.
El FMI ha creado recientemente el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, que constituye el primer mecanismo de financiación asequible a largo plazo, con el fin de ayudar a los países vulnerables a hacer frente a los retos que plantean las catástrofes climáticas. Sin embargo, un informe del Global Center for Adaptation (GCA) sugirió que "el gasto público por sí solo no puede cubrir el déficit de financiación destinada a la adaptación, por lo que la inversión del sector privado debe aumentar junto con la inversión pública para completar los limitados recursos públicos".5 El GCA se creó en 2018 para apoyar la financiación gubernamental y del sector privado dirigida a la adaptación al cambio climático.
El sector financiero puede desempeñar un papel fundamental en la movilización de capital institucional para aumentar las inversiones en la adaptación al cambio climático de países en desarrollo.
Las organizaciones multilaterales y supranacionales colaboran cada vez más con los gestores de activos y otras instituciones para desarrollar y emitir bonos climáticos. El Banco Asiático de Desarrollo de Infraestructuras acaba de lanzar su primer bono de adaptación al cambio climático. Las inversiones incluirán el agua, el desarrollo urbano, el transporte y la energía6.
Siguen existiendo dificultades, ya que la emisión de bonos GSS está en su mayoría concentrada en emisores de mercados desarrollados y sesgada hacia proyectos de mitigación del cambio climático en los sectores de la energía y el transporte. Estos proyectos siguen recibiendo mucha financiación en comparación con otros proyectos de adaptación.
Para cumplir las normas institucionales y desbloquear el capital privado a gran escala, se requiere que los emisores amplíen y normalicen la divulgación de la información. Los emisores de países en desarrollo necesitan una mayor asistencia a nivel técnico para saber cómo funcionan en la práctica los instrumentos de deuda GSS, por ejemplo, directrices sobre cómo se seleccionan y evalúan los proyectos de adaptación elegibles, los informes de impacto y el papel de los revisores externos.
En las economías desarrolladas, las medidas para hacer frente a los impactos climáticos se centran más en los esfuerzos de mitigación o transición para reducir o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. En estos países, los esfuerzos se han centrado en avanzar hacia fuentes de energía renovables como la solar y el hidrógeno, en adoptar prácticas de cultivo de alimentos más sostenibles y en implantar tecnologías para mitigar los gases de efecto invernadero.
No obstante, alcanzar el objetivo de cero emisiones netas es todo un reto y la tendencia no ha sido demasiado prometedora. Según el Economic Transition Monitor de Invesco, la intensidad de CO2 de la actividad económica debe disminuir drásticamente, mucho más que en las últimas décadas, para lograr una economía global de cero emisiones netas7. Un estudio reciente de la empresa de divulgación medioambiental CDP mostró que, de las 18.600 empresas que facilitaron datos, únicamente el 0,4%8 tenían planes de transición que se consideraban viables.
No obstante, las iniciativas políticas y la legislación gubernamental en Europa han establecido objetivos que las empresas deben cumplir. En la COP27 se presentó el grupo de trabajo del Plan de Transición y las Directrices para el Cero Neto con el fin de ayudar a empresas y gobiernos a establecer sus planes de transición.
También se espera que la ley Green Deal Net Zero Industry Act (NZIA) de la Unión Europea sea crucial para las empresas de la UE que están en transición hacia las cero emisiones netas. Esta legislación acelera el desarrollo de tecnologías de emisiones netas cero, como las energías renovables, para contribuir a reforzar el avance de la UE hacia la neutralidad climática.
Las empresas que invierten en este tipo de tecnologías pueden mejorar sus principales tasas de crecimiento adelantando las ventas futuras (registrando en el trimestre actual las ventas que se producirían en futuros trimestres). En nuestra estrategia Pan European Small Cap Equity, invertimos en la empresa petroquímica Technip Energies. Esta empresa ofrece soluciones energéticas innovadoras y sin emisiones de carbono basadas en el hidrógeno verde y la energía eólica marina, que contribuyen a aumentar, diversificar y ampliar su cartera de pedidos.
La NZIA también exige que al menos el 40% de los componentes destinados a las energías limpias se fabrique en Europa. Esto acelerará la demanda de fabricantes y proveedores europeos, como el fabricante de células solares Meyer Burger. Los 375.000 millones EUR en subvenciones, créditos fiscales, inversiones directas y préstamos de la NZIA ayudarán a cubrir los gastos adicionales de capital y de operación, y las ayudas fiscales, a financiar los planes de crecimiento.
Pero la transición hacia una economía global de cero emisiones netas aún se enfrenta a importantes retos. Sigue habiendo dudas sobre cómo definir correctamente la "transición", evaluar los progresos relacionados y equilibrar las implicaciones financieras a corto plazo.
Aún queda mucho por hacer tanto en la adaptación como en la transición climáticas para hacer frente a los riesgos climáticos y garantizar un futuro resiliente. Más inversiones a largo plazo de grandes inversores, como planes de pensiones y aseguradoras, también podrían contribuir a garantizar un cambio positivo. Si las empresas y los gobiernos quieren alcanzar sus objetivos, será imprescindible contar con fondos adicionales.
La adaptación es la capacidad de cambiar procesos, prácticas y estructuras en respuesta a los impactos climáticos reales o previstos y de recuperarse de los riesgos relacionados con el clima. Esto podría implicar la construcción de diques para proteger zonas costeras de las inundaciones, la inversión en infraestructuras verdes, como la mejora del pavimento de las carreteras o la plantación de cultivos resistentes al calor para hacer frente a las altas temperaturas, o la implantación de sistemas de alerta temprana. Al invertir hoy en resiliencia, las instituciones están mitigando responsabilidades futuras, como el aumento de las primas de seguros o los riesgos para los sistemas de construcción o los ecosistemas naturales.
Los bonos verdes, sociales y de sostenibilidad se utilizan para financiar proyectos con beneficios medioambientales y socioeconómicos. Los pueden utilizar las empresas o los gobiernos para cumplir sus objetivos ESG. La inversión en bonos GSS puede apoyar proyectos de seguridad alimentaria, como tecnología agrícola y riego, o de infraestructuras, como resiliencia de la red de suministro o reducción del riesgo costero. Otros ejemplos incluyen la gestión de residuos o el tratamiento de aguas y soluciones basadas en la naturaleza, como proyectos de reforestación.
Las Naciones Unidas crearon los ODS en 2015 como un plan de paz y prosperidad para las personas y el planeta, en el presente y para el futuro. Hay 17 objetivos en total. Incluyen el fin de la pobreza; hambre cero; buena salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructuras; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos.
La NZIA se creó para mejorar la inversión en el uso de tecnologías limpias en la UE. Los cambios realizados incluyen la simplificación del proceso de concesión de permisos y la reducción de la carga administrativa. La ley establece un marco para reducir la dependencia de la UE de importaciones muy concentradas y aumentar la resistencia de las cadenas de suministro de energía limpia de Europa. La legislación aborda tecnologías que contribuirán significativamente a la descarbonización. Entre ellas se encuentran las turbinas eólicas, las bombas de calor, los paneles solares, el hidrógeno renovable y el almacenamiento de CO2.
El objetivo del TPT es desarrollar una norma de referencia para los planes de transición climática del sector privado. Los planes de transición de las empresas varían considerablemente, lo que dificulta que las distintas partes interesadas puedan evaluar su credibilidad. Las conclusiones del TPT se utilizarán para mejorar la futura normativa sobre divulgación de información para las empresas que cotizan en bolsa y las entidades financieras. El TPT también colabora con organismos internacionales y países que están elaborando directrices en materia de divulgación.
Las Directrices para el Cero Neto son una herramienta para ayudar a los responsables políticos y a las empresas a limitar el calentamiento global a 1,5 grados y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas a más tardar en 2050. Los principios rectores y las recomendaciones ofrecen un enfoque común y global para que las empresas y los gobiernos logren las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero mediante la armonización de iniciativas voluntarias y la adopción de normas, políticas y regulaciones nacionales e internacionales.
Los gobiernos y las empresas están aplicando planes de transición climática para pasar a una economía baja en emisiones de carbono. Estos planes son imprescindibles para demostrar que las empresas y los gobiernos se comprometen a limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Los planes deben tener en cuenta las emisiones de los activos que se poseen o controlan, así como las emisiones indirectas, como la energía que se utiliza para la electricidad o la refrigeración que compran. También deben incluir las emisiones producidas en la cadena de suministro que utilizan o de los bienes y servicios que adquieren.
Nuestro enfoque de Transición se basa en la interacción con los grandes emisores y se centra en una reducción absoluta de emisiones en igualdad de condiciones
Los principios de los criterios ESG se deben integrar en un modelo de inversión que fomente el cambio positivo.
1 Global Landscape of Climate Finance: A Decade of Data - CPI (climatepolicyinitiative.org)
2 How to Scale Up Private Climate Finance in Emerging Economies (imf.org)
3Fuente: Iniciativa de Bono Climático
4 Environmental Finance, 2.022
5 GCA, Financial Innovation for Climate Adaptation in Africa, 2.021)
6 AIIB Issues First Climate Adaptation Bond Targeting Resilient Infrastructure, 11 de mayo de 2023
7 Economic Transition Monitor; Investigación conjunta con la Universidad Tsinghua sobre las oportunidades de transición climática en APAC, etc.
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